En toda democracia la confianza en el correcto ejercicio de la actividad
jurisdiccional, en el bienhechor de los magistrados, es presupuesto
indispensable para alcanzarse el adecuado y necesario clima de
pacificación social y convivir armónico entre sus conciudadanos; la
justicia más perfectamente impartida es uno de los fines del derecho y de
todo Estado. Es que, cuando una sociedad coloca en duda la objetividad,
justeza, acierto y precisión en las decisiones que se adopten por los
funcionarios investidos de esa misión constitucional, queda destinada,
irremediablemente, a sufrir continuas y graves tensiones que pueden
poner en peligro la propia existencia democrática de la Nación.
Tratándose de la casación ésta se ubica, como se ampliará más adelante,
dentro de la categoría de recursos extraordinarios, que se diferencia
de los ordinarios por la limitación de los motivos o causales para su
procedencia, por la forma en que el Tribunal puede desplegar su actividad
jurisdiccional, las exigencias formales para su formulación y la cuantía
para recurrir, entre otros aspectos.