El séptimo anuario del Grupo de Investigación CC - Constitucionalismo
Comparado (A1 en Colciencias) fue dirigido desde la primera y la segunda
línea de investigación de dicho centro académico de la Universidad Nacional
de Colombia, denominadas La ciencia del constitucionalismo comparado y su
metodología, y Estado moderno: teoría e historia, respectivamente, con el
objeto de reivindicar y de resaltar el papel de Latinoamérica dentro de la
historia del derecho público, partiendo de la necesidad de confrontar los
paradigmas que, tradicionalmente, han amparado las investigaciones
iushistóricas en la misma región, y que permean las copiosas bibliotecas de los
iuspublicistas.
Así, es bastante usual leer y escuchar, una y otra vez en diversos escenarios
académicos circunscritos al derecho público, que la historia del
constitucionalismo deviene en una línea recta que empieza en Inglaterra
durante la Edad Media, pasa por la revolución e independencia en
Norteamérica, y se completa en la Revolución francesa –es decir, los tres
países de moda mencionados con antelación–. Este paradigma, que tiene su
origen en la indebida identificación de la historia de las ideas con la historia
política, y en la tradición de identificar la historia del derecho con los
documentos institucionales sin pensar en la antehistoria de cada uno de ellos,
supone negar o desconocer –o ambas cosas– la importancia de Latinoamérica
como uno de los tres puntos de partida de la revolución ilustradaconstitucional
en la historia mundial del Estado moderno. En los ámbitos
culturales y académicos hay una gran resistencia contra la idea de que América
Latina fue también, con el declive del Antiguo Régimen español, una de las
zonas fundadoras en las que se rompió definitivamente con cinco milenios de
reinos dinásticos, y esto no es un asunto baladí, ni algo que pueda pasar
desapercibido en investigaciones científicas sobre el constitucionalismo y, en
general, sobre el derecho público. Por tanto, como consecuencia de aquel
paradigma y de la resistencia que traslada a la comunidad académica, se tiende
a negar los indudables aportes que la región ha hecho al derecho público en
todos sus niveles.