La detención preventiva más que cualquier otra institución jurídica,
más quizás que la propia pena, pone en peligro los derechos
fundamentales y la seguridad jurídica. Esta medida que se aplica a
quien por mandato constitucional debe ser considerado inocente y
tratado como tal, se ubica en el campo de tensión entre el deber
estatal de perseguir el delito y el deber estatal de salvaguardar los
derechos fundamentales. Por esta razón, la labor de regulación y
aplicación de la prisión provisional resulta ser una actividad
compleja y quirúrgica, pues se trata de conciliar dos propósitos
constitucionales de difícil sincronización. La manera como se resuelva
este conflicto, revelará la vocación democrática o autoritaria
del Estado. En consecuencia, en el Estado Constitucional el gran
escollo de la detención preventiva no está en su existencia como
tal, sino en su configuración legal y desarrollo judicial respetuoso
de la dignidad humana y los derechos fundamentales.
En este orden de ideas, el tema de este escrito se concentra en los
fines de la prisión preventiva, concretamente, la causal de "peligro
para la comunidad" prevista en la legislación procesal colombiana.
Se trata de evaluar dicha finalidad desde la perspectiva del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, para determinar su
"compatibilidad" con el Pacto de San José y la jurisprudencia de la
Corte IDH.